lunes, noviembre 23, 2020
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Nuevo protocolo ante abusos de sacerdotes establecido por el Papa Francisco

El sacerdote Aldo Moschetta, juez adjunto del tribunal eclesiástico, fue consultado esta mañana por Radio Nacional Ushuaia sobre el nuevo protocolo que estableció el papa Francisco y comenzó a regir desde ayer, con el fin de evitar la crisis por abusos sexuales de sacerdotes.

El decreto papal establece pautas para las denuncias y ordena a las diócesis contar para junio de 2020 con un sistema accesible al público para recibir informes de abusos. Por primera vez se obliga a todos los religiosos a denunciar inmediatamente los casos de abusos, acosos e incluso los encubrimientos anteriores. El proceso establece que el obispo es el encargado de la investigación preliminar y, si concluye que es veraz, envía el caso al Vaticano. La Congregación para la Doctrina de la Fe es el organismo encargado de seguir la denuncia y lo hace en silencio, siguiendo sus propios procedimientos y sin darle intervención a la Justicia ordinaria. Las nuevas recomendaciones del Vaticano establecen que, además de impulsar los juicios canónicos, los obispos deben acompañar a las víctimas y alentar las investigaciones en la Justicia, pero esto no siempre ocurre, según el informe publicado hoy por el diario La Nación, con 63 casos registrados en Argentina en los últimos veinte años, donde la iglesia apelaba al traslado del sacerdote involucrado, sin que esto impidiera que siguieran los abusos en otra jurisdicción.

“Hace más de diez años que trabajo como uno de los jueces del tribunal eclesiástico, que está en la ciudad de Neuquén. Mi jurisdicción es toda Santa Cruz y Tierra del Fuego”, dijo Moschetta.

“El primer caso fue el de Acevedo, y la noticia sobre el presunto hecho me cayó a mí porque las personas que denunciaron sabían que yo estaba en este tema. Vinieron a hablar conmigo y yo los orienté sobre lo que debían hacer. Una vez que la persona le hace el planteo al obispo del lugar, lo primero que debe hacer el obispo es una investigación preliminar, y debe avisarle al sacerdote en cuestión que está siendo investigado por presuntos delitos contra su persona hacia un menor de edad, porque tiene que ser menor de 18 años”, subrayó.

“Una vez que el obispo recibe la noticia tiene que hacer la investigación. En el caso de Acevedo el obispo me pidió a mí hacer la investigación preliminar, y yo tendría que haberme inhibido, porque es un compañero mío de presbiterio, es un clérigo a quien yo conozco, y nunca conviene que un sacerdote que comparte con el otro lo investigue. Entonces llaman a otro canonista, de otra diócesis, para que investigue. Eso sucedió con Cristian Vázquez, y en ese caso no estuve”, aclaró sobre el sacerdote que está enfrentando el juicio oral en la justicia provincial.

“Con Acevedo se hizo todo el proceso, una vez que terminé la investigación preliminar, la entregué al obispo D’Annibale. Toda la investigación se envía a la congregación para la doctrina de la fe, que es tribunal competente, y está en Roma. La congregación le va a indicar al obispo dos cosas: si es verosímil todo lo que dice la investigación, puede indicar al obispo que haga un juicio canónico penal, o un juicio administrativo penal. La diferencia es que uno es hecho por un tribunal de tres jueces sacerdotes, y el administrativo lo hace el propio obispo, ayudado por jueces canónicos, y la pena la pone el mismo obispo; en cambio en el juicio canónico la pena la pone el tribunal. Eso ha pasado en ambos casos. En el de Acevedo, se ordenó un administrativo penal y en el caso de Cristian Vázquez se ordenó un juicio penal. Los dos siguen siendo sacerdotes, porque eso no se pierde jamás. Lo que no pueden hacer, una vez que se ha hecho la denuncia, es seguir ejerciendo el ministerio públicamente. Se los suspende, el obispo toma una medida cautelar, hasta que se defina su situación. Hoy los dos están con medidas cautelares”, indicó, si bien el año pasado se dio a conocer la expulsión de Acevedo, dado que todavía no tomó la decisión final el papa.

“En el caso Acevedo, en junio de 2018, el obispo le puso la pena de expulsión del estado clerical, que es la pena máxima. En nuestra legislación no hay cárcel y la pena máxima es ser expulsado del estado clerical y perder todos los deberes y derechos que tenía como sacerdote. Es una pena expiatoria perpetua. Pero el único que puede poner esta pena es el papa, entonces el obispo manda a Roma su decisión y el papa tiene la última palabra. Esto es independiente del proceso judicial”, dijo.

“En los dos casos la iglesia actuó más rápido que la justicia civil, porque ya están definidos. Tiene que resolver el papa todavía, pero ya está en la última instancia”, aseguró.

Con el nuevo protocolo, “el obispo que dilata o encubre un proceso canónico, puede ser destituido”, advirtió Moschetta, ante casos reiterados en los que se tomaba como medida el traslado.

“Todo este tema se desató por los casos de abuso en Irlanda y Estados Unidos. Cuando estallaron los primeros casos de pederastia, los obispos debían juzgar los casos y tomar las decisiones, y muchos encubrieron mandando a los clérigos a otros países o lugares, pero eso no implicaba que el tipo no cometiera abusos en otros lugares. También hubo traslados a Roma para estudiar, como si fuera un premio. Además las parroquias o diócesis caían en quiebra por las demandas que hacían las propias familias. Cuando la santa sede se enteró de esto, se abocó a los casos y a partir de entonces la congregación empezó a tomar los casos y, si los obispos no cumplen con lo que les dicen, quedan afuera”, reiteró.

Consultado sobre el informe que publica hoy el diario La Nación, con 63 denuncias en distintos puntos del país, dijo que leyó el artículo y “en un caso se cometió una injusticia contra el sacerdote, porque eso también existe. Hoy cuando se conoce que alguien dice algo sobre este tema, tiene que acercarse a la parroquia más cercana, porque el papa dijo que en las diócesis tiene que haber una especie de oficina para recibir estos casos. La gente tiene que acercarse a hablar con los sacerdotes y plantear el caso”, recomendó.

Apuntó que “el caso Cristian Vázquez ya llegó a Roma con su sentencia y se pidió la pena máxima. Los jueces civiles que lo están juzgando ya saben de esta sentencia de la iglesia, pero tiene que haber total imparcialidad de las partes, y que cada uno recoja sus propias pruebas para llegar a un fallo justo”, expresó.

Por otra parte, se le preguntó por los casos de apostasía, y si se han dado en un número significativo. “Me han llamado de la parroquia Don Bosco, donde han ido a preguntar por tres casos. Eso fue por una moda de estos del pañuelo verde, esa huevada, que empiezan con la apostasía. Déjense de joder, tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para andar en eso”, concluyó Moschetta.